El proyecto del Gobierno nacional que propone la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) enfrenta un obstáculo clave en el Senado, donde no consiguió los votos suficientes para avanzar. Aunque se intensificaron las negociaciones con gobernadores aliados y senadores de distintos bloques, la iniciativa permanece estancada en la Comisión de Asuntos Constitucionales desde que ingresó al recinto.
Para que la reforma electoral se convierta en ley, la Constitución exige mayorías agravadas: 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados. El oficialismo cuenta con 21 bancas propias en la Cámara alta, por lo que depende de sumar apoyos entre la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y otras fuerzas provinciales para alcanzar ese umbral.
Actualmente, la administración nacional requiere al menos 16 votos adicionales, pero solo espera lograr entre siete y nueve respaldos provinciales. La mayoría del bloque radical resiste la eliminación de las PASO y rechaza el uso de listas colectoras dentro del sistema de Boleta Única Papel, una herramienta que el oficialismo busca impulsar y que ha enfrentado críticas por afectar la representatividad del sistema electoral.
La responsabilidad de destrabar el conflicto recayó en el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien retomó las negociaciones con gobernadores al reemplazar a Manuel Adorni. Santilli, que ya había dialogado con gobernadores en su etapa previa como Ministro del Interior, ofreció listas colectoras para categorías legislativas nacionales, pero hasta ahora no logró avances decisivos.
El apoyo de los gobernadores es fundamental para influir en el voto de sus senadores. Entre ellos, algunos como Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Leandro Zdero, de Chaco, están más dispuestos a discutir la propuesta, aunque Cornejo anticipó que su provincia mantendrá las primarias locales. Por otra parte, Juan Pablo Valdés, gobernador cercano al oficialismo, mantiene un diálogo fluido con la Casa Rosada y Santilli, aunque no garantiza un apoyo irrestricto.
Este equilibrio entre apertura al diálogo y la defensa de intereses provinciales también es visible en el caso de Corrientes, donde el gobernador sostiene demandas firmes sobre temas clave como recursos para infraestructura y regalías, lo que complica un respaldo automático a la reforma electoral.