El gobierno de Milei enfrenta una crisis de credibilidad proporcional a la permanencia de su jefe de Gabinete, Adorni, acusado de evasión fiscal y bajo sospecha de lavado de dinero. La situación conmueve la estructura gubernamental, ya que Adorni ocupa uno de los cargos más relevantes: coordina ministerios, maneja el presupuesto y supervisa los medios públicos.
Una encuesta realizada por la consultora Management & Fit revela que una amplia mayoría de la población no confía en Adorni, con más de ocho de cada diez personas desconfiando de su versión sobre las acusaciones. La opinión pública está dividida respecto a las razones por las que Milei mantiene a Adorni en el puesto, destacándose la percepción de que posee información confidencial o vínculos cercanos con el presidente, mientras menos apuestan a su inocencia.
El escenario se agrava con la investigación judicial que tiene en cuenta supuestas irregularidades en operaciones financieras del funcionario, relacionadas con sumas millonarias del año 2014 que podrían configurar lavado de dinero. La fuente judicial consultada apunta que, aunque se priorizó la evasión fiscal, las sospechas se extienden hacia delitos mayores, lo que convierte a Adorni en un caso sin precedentes en la historia reciente, dado que ningún jefe de Gabinete había enfrentado un proceso penal en funciones.
Este contexto plantea preguntas sobre la fortaleza política de Milei y la estabilidad de su gabinete. Incluso dentro de sectores aliados, como el voto republicano y otros adherentes a Juntos por el Cambio, crece la molestia y el reclamo de una acción más contundente contra el funcionario. Líderes como la senadora Patricia Bullrich han alertado sobre la presión que enfrentan y la posibilidad real de destitución en el Senado.
La imagen pública del gobierno se deteriora a partir de esta crisis interna, en la que no solo está en juego la transparencia, sino también la capacidad de Milei para controlar y limpiar su equipo. Con el jefe de Gabinete bajo la lupa de la justicia y reprobado por la sociedad, el riesgo político se convierte en un problema estructural que afecta la gobernabilidad.