El Gobierno nacional formalizó la entrega de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan De Nul por un período de 25 años, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Este canal fluvial es clave para la economía argentina, ya que concentra la mayor parte de las exportaciones del país y moviliza una actividad portuaria estratégica.
El proceso de licitación estuvo marcado por denuncias de amiguismo y presuntas irregularidades que pusieron en cuestionamiento la transparencia del procedimiento. A pesar de esto, el Ejecutivo destacó la adjudicación como un logro que reduce costos logísticos, aunque especialistas advierten sobre un entramado empresarial que se beneficiará por debajo de la superficie.
La concesión principal recae en Jan De Nul, que se asoció con la empresa local Servimagnus. Sin embargo, el verdadero destino de los contratos millonarios estaría en la subcontratación a terceros, especialmente al Grupo Neuss, cuyos integrantes mantienen vínculos cercanos con Santiago Caputo, un influyente en la Casa Rosada. Este grupo se encargará de tareas como el dragado y balizamiento, que generan ingresos anuales estimados entre 200 y 300 millones de dólares.
Además, en el club de beneficiados figuran otros actores vinculados a grupos con poder dentro del sector económico y político, entre ellos apellidos reconocidos como Elías, Ondarcuhu y la familia Román, dueña de Servimagnus. Estos últimos mantienen relaciones con figuras del ámbito financiero como Eduardo Elsztain, lo que refuerza la sospecha de un circuito cerrado de negocios en torno a la Hidrovía.
Según las proyecciones oficiales, el contrato supondrá para la concesionaria una facturación promedio de 628 millones de dólares anuales y un acumulado superior a los 15 mil millones durante los 25 años de vigencia. La inversión principal se concentrará en los primeros siete años, pero el esquema garantizará rentabilidad sostenida para los empresarios involucrados.
El Ministerio de Economía celebró la adjudicación enfatizando la reducción en costos logísticos reportada por el proceso y resaltando la ausencia de impugnaciones formales. Sin embargo, las críticas apuntan a que la licitación profundiza prácticas de corrupción y clientelismo que erosionan el uso eficiente y transparente de un recurso vital para el comercio exterior argentino.