La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto que deroga los beneficios para la denominada «Zona Fría» supone un fuerte golpe para los habitantes del interior provincial, que dependen de estas ayudas para afrontar los costos energéticos en condiciones climáticas adversas. El cambio encendió críticas por reflejar una desconexión entre las políticas nacionales y la realidad de las zonas con bajas temperaturas, donde el consumo energético es indispensable para la supervivencia diaria.
En la votación, varios legisladores locales, entre ellos representantes de la Unión Cívica Radical y de otros espacios como La Libertad Avanza y Provincias Unidas, respaldaron la medida alineándose con el oficialismo nacional. Entre ellos figuraron diputados que anteriormente habían defendido esta normativa, lo que marcó una marcada contradicción y generó descontento en sus electores. La medida desmonta la Ley 27.637, que garantizaba tarifas reducidas para zonas con condiciones climáticas particulares.
El recorte afecta directamente a comunidades enteras, donde el aumento en las tarifas se traduce en mayores costos para familias trabajadoras, comerciantes y jubilados, quienes dependen del consumo energético intensivo durante los meses fríos. La crítica central apunta a que esta decisión no solo supone un ajuste económico, sino una fractura del contrato social al dejar sin protección a sectores vulnerables del país.
Además, se denunció que esta decisión responde más a intereses políticos y a la disciplina partidaria que a una evaluación de las necesidades territoriales. El propio gobernador de la provincia, que en su momento apoyó la implementación del sistema de beneficios, ahora enfrenta cuestionamientos por no defender los derechos de sus ciudadanos ante la disminución de estas ayudas.
Con el proyecto ahora en manos del Senado, se abre una última instancia para evitar la pérdida definitiva de estos beneficios. Sin embargo, el proceso ya dejó en evidencia una crisis en la representación política y la incapacidad para diseñar políticas que respondan a las particularidades geográficas y sociales del interior.