La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia formal contra su colega Santiago Santurio, miembro del bloque oficialista La Libertad Avanza, por presunta comisión de delitos relacionados con su situación patrimonial. Entre las irregularidades detectadas se incluyen el enriquecimiento ilícito, la omisión maliciosa en las declaraciones juradas, y la incompatibilidad en las negociaciones vinculadas con el ejercicio de su función pública.
Santurio obtuvo en julio de 2025 un crédito hipotecario UVA del Banco Nación por un monto cercano a 239.000 dólares, a devolver en treinta años. Junto a él, otros funcionarios oficialistas, como Mariano Campero y Lorena Villaverde, también accedieron a préstamos del banco estatal. Esta situación motivó que la diputada Pagano solicitara que la investigación se amplíe a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar si existen delitos tributarios adicionales.
El centro de la denuncia señala que las presentaciones de las declaraciones juradas patrimoniales de Santurio ante la Oficina Anticorrupción (OA) exhiben numerosas inconsistencias y retrasos. Por ejemplo, la declaración inicial de 2023 se presentó con casi 20 meses de demora, mientras que la anual de ese mismo año se entregó con 15 meses de atraso. Las diferencias entre ingresos declarados y deudas contraídas también alarmaron a Pagano, quien afirma que estos datos sugieren una posible ocultación o manipulación de información.
El caso quedó a cargo del Juzgado Federal número 3, bajo la supervisión del juez Daniel Rafecas, y la instrucción quedó en manos de la fiscal Alejandra Mangano. Hasta el momento, la denuncia está en fase de verificación de datos a partir de fuentes abiertas, ya que no se aportó documentación que respalde las acusaciones.
Desde el entorno de Santurio no se brindaron declaraciones ni respuestas a los intentos de contacto para conocer su versión sobre la denuncia. La presentación formal se ampara en los artículos 6 y 8 de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y en la Ley 26.857 de Publicidad de Declaraciones Juradas.
Esta situación se suma además a un contexto de acusaciones cruzadas en la Cámara de Diputados, donde la diputada Pagano también denunció a Javier Milei por presunto encubrimiento y la sugerencia de acciones antidemocráticas.