En medio del debate por las reformas económicas nacionales, Gabriela Pedrali defendió la vigencia del régimen de subsidios para las Zonas Frías, advirtiendo sobre el impacto negativo que su eliminación tendrá en las familias que habitan regiones con climas muy fríos. La diputada señaló que el programa permitía corregir desigualdades climáticas y regionales al garantizar descuentos en las tarifas de gas para usuarios de aquellas áreas con inviernos extremos.

La legisladora cuestionó la postura del presidente Javier Milei, resaltando que la liberalización del mercado energético representa un desafío para los hogares más vulnerables, que podrían tener que elegir entre calefaccionarse o cubrir otras necesidades básicas como cocinar. Para ella, el acceso a la energía es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado y no un privilegio condicionado por la lógica del mercado.

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Más allá de defender los subsidios en las regiones frías, Pedrali puso sobre la mesa la necesidad de extender la protección a las provincias ubicadas en el Norte Grande argentino, donde las altas temperaturas durante el verano generan un fuerte consumo energético por el uso de ventiladores y equipos de refrigeración. En ese sentido, la diputada confirmó que su bloque presentó un proyecto para implementar un régimen de tarifas diferenciadas en estas zonas, reconociendo la refrigeración como un requisito esencial para la subsistencia y no un lujo.

Este planteo busca abrir una discusión más amplia sobre el federalismo tarifario y el rol del Estado en la regulación de los servicios públicos, en un contexto parlamentario fragmentado donde cada voto es decisivo para el futuro de los subsidios energéticos.

  • Defensa del régimen de subsidios para Zonas Frías, que aplicaba a usuarios de climas con inviernos extremos.
  • Crítica a la política de desregulación energética vinculada a la pérdida de subsidios.
  • Propuesta de creación de un régimen diferenciado para las Zonas Cálidas, que incluya beneficios tarifarios para el Norte.
  • Reclamo por una política energética basada en derechos humanos y equidad federal.
  • Exigencia de que el Estado garantice condiciones dignas de acceso a la energía.