La senadora bonaerense Florencia Arietto se encuentra envuelta en una denuncia judicial presentada por los trabajadores de Lustramax, empresa ubicada en Tortuguitas, donde también actúa como representante legal. La acusación principal refiere a que Arietto habría impedido la reincorporación de un delegado sindical, ordenada expresamente por un tribunal, y además llevó adelante maniobras de persecución contra los empleados organizados.
El conflicto comenzó tras varios despidos que los empleados atribuyen a un intento de debilitar la organización gremial dentro de la fábrica. Ante esta situación, el Tribunal de Trabajo N.º 7 de Pilar dictó la reincorporación inmediata del delegado Leandro Gómez. Sin embargo, la medida no se cumplió y, según los trabajadores, Arietto se presentó personalmente en la planta para obstaculizar el ingreso del delegado, en lo que describen como un uso indebido de su rol político y profesional para bloquear la ejecución judicial.
Además, la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional en algunos accesos a la empresa generó un clima de intimidación. Los trabajadores denuncian que este despliegue no contaba con una orden judicial ni fiscal específica, lo que agrava la situación de conflicto.
En paralelo a la acusación penal, la asociación civil Nace un Derecho presentó una queja ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora por declaraciones públicas de Arietto en redes sociales. Allí, la senadora calificó a abogados laboralistas como una «mafia», lo que desde la entidad consideran una conducta incompatible con el ejercicio profesional.
El delegado Leandro Gómez confirmó en diálogo con medios sindicales que la situación sigue sin resolverse, pese a que la Justicia laboral emitió varios fallos a su favor y ordenó multas por el incumplimiento de la empresa. También aclaró que no prosperaron las denuncias penales que la empresa promovió contra los trabajadores, en lo que considera un respaldo jurídico constante a su reclamo.