La controversia en torno a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, escaló durante una reciente reunión ministerial, donde generó malestar al afirmar que el Presidente ya lo había ratificado y lanzó un mensaje contundente: «al que no le gusta, que se vaya». Este planteo, que reflotó palabras similares de Javier Milei, intensificó los cruces internos y profundizó la fractura en el equipo de gobierno.
El origen del conflicto reside en la demora de Adorni para presentar su declaración jurada y aclarar gastos frente a la Justicia, lo que suscitó preocupación entre sus pares por el desgaste institucional y la pérdida de confianza social. Varios ministros les reclamaron que priorice la unidad del Gabinete y libere la gestión del ruido político generado. Entre ellos, Patricia Bullrich fue la más explícita al exigir mayor celeridad, representando un sentir mayoritario aunque sin coordinar previamente sus declaraciones.
El ambiente en la reunión ya estaba tenso tras episodios previos, como cuando Javier Milei reclamó que se le permita terminar su intervención y cuando el Presidente se retiró abruptamente, sin escuchar a nadie más del Gabinete salvo a Karina, quien intentó moderar y subrayar la importancia de la transparencia en el caso de Adorni. La situación judicial del jefe de Gabinete se convirtió en una suerte de piedra angular para el futuro político, con ministros que, pese a admitir sus dudas, aún miran con expectativa que el funcionario tome una decisión sobre su continuidad.
La respuesta de Adorni ante la exigencia de presentar su declaración jurada, en la que solicitó más tiempo sin fijar una fecha clara, no convenció a los demás ministros, quienes interpretan que la demora perjudica la gestión y la imagen presidencial. Nadie respondió explícitamente a su ultimátum por temor a desafiar la autoridad presidencial, pero internamente el malestar es palpable. Un funcionario destacado describió ese mensaje como una muestra de respaldo de Milei, pero también como un recordatorio de la complicación política en la que siguen inmersos desde hace más de dos meses.
El episodio expone además la profunda división que atraviesa al Gobierno, donde la falta de consenso sobre cómo manejar el caso Adorni afecta la cohesión del gabinete y la percepción pública. La incertidumbre sobre la resolución de este conflicto mantiene en vilo la estabilidad del equipo y el ritmo de la gestión presidencial.