Una serie de audios filtrados de aplicaciones como WhatsApp y Telegram reveló la existencia de una red de "guerra de quinta generación" que opera desde varios países latinoamericanos, con vínculos directos a figuras políticas argentinas y hondureñas. Estos registros, validados por peritajes forenses, señalan a Javier Milei como un participante fundamental en la financiación de estas operaciones.
Según la investigación realizada por Diario Red y el portal hondurasgate.ch, el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández y el actual presidente Nasry Juan Asfura mantienen una comunicación constante con representantes de esta red, en la que Milei habría aportado recursos económicos para sostener actividades de desinformación. Se menciona que el financiamiento, cercano a los 350.000 dólares, se destinó al equipamiento y logística de un grupo operativo instalado en un departamento lujoso en Estados Unidos, encargado de fabricar noticias falsas y manipular la opinión pública.
Estos audios exponen además que el propósito central del grupo es atacar a los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia, promoviendo campañas mediáticas para deslegitimar sus administraciones y generar conflictos políticos. En México, la estrategia busca presentar al país como un “estado fallido” para afectar la llegada de inversores, mientras que en Colombia se intenta infiltrar agentes de inteligencia para obtener pruebas que permitan entablar procesos judiciales internacionales contra Petro.
La investigación indica que esta operación cuenta con apoyo de figuras internacionales como Donald Trump, quien habría facilitado el indulto a Juan Orlando Hernández tras una condena por narcotráfico en Nueva York, y Benjamin Netanyahu, involucrado en negociaciones estratégicas a cambio de concesiones tecnológicas en Honduras. El entramado supera las fronteras y evidencia la coordinación de actores clave en diferentes países para sostener un entramado de desinformación y espionaje político.
Este escándalo, conocido como Hondurasgate, genera ya repercusiones diplomáticas en la región y podría desencadenar investigaciones ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. La posible participación directa de altos funcionarios argentinos aún no fue respondida oficialmente por la Casa Rosada, mientras la polémica continúa escalando entre las cancillerías latinoamericanas.