Manuel Adorni, jefe de Gabinete, solicitó formalmente ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias que contempla la llamada “Ley de inocencia fiscal”, una normativa diseñada para facilitar la presentación de declaraciones impositivas con un esquema abreviado. La petición se produjo en medio de una investigación judicial que examina la evolución patrimonial del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
La adhesión al régimen simplificado implica una reducción en el nivel de detalle requerido en las declaraciones juradas, lo que permite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales mediante un proceso más sencillo y menos exigente en cuanto a documentación. Este pedido de Adorni, según registros oficiales, corresponde al período fiscal 2025 y sucedió apenas días después de que su esposa también se incorporara a ese mismo régimen, un hecho que llamó la atención de la Justicia.
Ambos movimientos serán analizados por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan posibles inconsistencias en el patrimonio familiar. La pesquisa judicial incluye un estudio detallado de los bienes declarados y no declarados, movimientos bancarios, operaciones con criptomonedas, gastos personales y un posible incremento patrimonial sin justificación.
Entre los bienes bajo escrutinio aparecen un semipiso ubicado en Caballito, una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, vehículos, viajes y deudas que el funcionario declaró. La investigación contempla además una causa paralela que incluye presuntas dádivas y un viaje en avión privado a Punta del Este.
Desde el entorno de Adorni aclararon que la adhesión al régimen simplificado no significa un blanqueo ni la declaración de fondos en dólares que no hubieran sido informados previamente. Según explicaron, la medida busca principalmente simplificar los trámites fiscales y agilizar la presentación de documentos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La “Ley de inocencia fiscal” está orientada a ofrecer mecanismos de regularización tributaria a quienes optan por este régimen, pero no impide que las investigaciones penales sigan su curso en casos vinculados a delitos como enriquecimiento ilícito o lavado de activos. Esta compleja situación tiene también un impacto político, dado que Adorni fue uno de los principales defensores públicos de esta normativa.