El exjefe de Gabinete Manuel Adorni quedó impedido de salir del país tras una decisión judicial que responde al riesgo de fuga detectado en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Esta medida, firmada por el juez federal Ariel Lijo, exige que Adorni solicite una autorización especial para viajar al exterior, mientras avanza la instrucción y se prepara su posible citación a indagatoria.
La restricción se dictó luego de que surgieran rumores sobre una posible radicación de Adorni en Uruguay, particularmente en Punta del Este, contexto que agravó las sospechas sobre su intención de eludir la Justicia. El expediente judicial cobró impulso definitivo tras testimonios y pruebas que exhiben inconsistencias patrimoniales y movimientos financieros poco claros.
Entre los elementos que enfrenta la investigación están sus frecuentes viajes dentro y fuera del país, la adquisición de propiedades, gastos realizados durante su gestión pública y las refacciones en una vivienda ubicada en el country privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. También se analiza la diferencia patrimonial declarada respecto a periodos anteriores, además del uso de tarjetas de crédito de sus secretarias para gastos personales.
Un avance clave en la causa fue la declaración del constructor Matías Tabar, encargado de las obras en la propiedad de Adorni, quien denunció haber recibido un pago en efectivo por un monto en dólares, sin registro legal. Este testimonio fue respaldado con la difusión de audios en los que Adorni ofrece su apoyo a Tabar antes de su presentación ante la fiscalía, intención cuestionada en el marco de la investigación por posible entorpecimiento de la causa.
El juez Lijo, a partir del dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, tomó esta medida restrictiva para asegurar la presencia del imputado en el proceso y evitar que una eventual fuga interrumpa la instrucción penal. La indagatoria de Adorni se considera inminente y podría concretarse en los próximos días en los tribunales de Comodoro Py.