La Armada decidió apartar de sus funciones a diez militares tras detectar una investigación interna por irregularidades en la liquidación de haberes. Esta medida se adoptó luego de constatarse posibles actos de corrupción vinculados a la gestión de pagos dentro de la fuerza naval.
Las actuaciones preliminares culminaron con la elevación del expediente a la Justicia Federal, que ahora debe avanzar con las investigaciones judiciales correspondientes. La fuerza penalizó a los involucrados con la separación, en paralelo al proceso legal que se inició para esclarecer la magnitud del caso y posibles responsabilidades penales.
La trama de corrupción detectada gira en torno a manipulaciones en la documentación y cobros indebidos por parte del personal. La Armada reforzó sus controles internos para evitar nuevos episodios semejantes y asegurar la transparencia en las operaciones financieras.
Esta purga se produce en un contexto donde la institución busca recuperar confianza y mejorar los estándares éticos dentro de sus filas, tras varios escándalos recientes en diferentes fuerzas de seguridad.
El caso también generó protocolos más estrictos para la supervisión de liquidaciones salariales y una revisión exhaustiva de los sistemas administrativos involucrados en la gestión de haberes.