El proyecto de Presupuesto 2027 incluido por el Gobierno de Javier Milei contempla cambios significativos en la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que desató fuertes críticas desde distintos sectores políticos, entre ellos la voz del diputado Maximiliano Ferraro. El legislador alertó que estas modificaciones implican una reducción en las asignaciones y recursos destinados a personas con discapacidad, un retroceso en materia social que genera preocupación.
Ferraro apuntó directamente contra figuras del oficialismo, como Javier Milei y Luis Caputo, responsables de promover los ajustes que afectan la cobertura y el apoyo a este colectivo. Consideró que el Gobierno está priorizando medidas económicas que no contemplan el impacto social real ni protegen los derechos de quienes dependen de esta legislación. El diputado destacó que la Ley de Emergencia en Discapacidad es una herramienta fundamental para garantizar inclusión y asistencia, por lo que su debilitamiento puede profundizar desigualdades.
El Presupuesto 2027 propone, entre otras modificaciones, recortes en el financiamiento destinado a becas especiales, programas integrales y servicios de apoyo para personas con discapacidad. Además, se plantea una revisión de los criterios para acceder a beneficios, lo cual podría dejar fuera a muchos beneficiarios actuales. Estas medidas forman parte de una política de ajuste económico que busca reducir el gasto público, pero que enfrenta resistencia por parte de sectores que defienden la protección social.
El impacto de estos cambios no solo preocupa a la oposición política sino también a organizaciones civiles y asociaciones que trabajan con personas con discapacidad. Reclaman mayor diálogo y claridad sobre cómo se implementarán las medidas y advierten que el presupuesto debe garantizar un piso mínimo de derechos y recursos para evitar exclusiones.
En este contexto, Maximiliano Ferraro instó a revisar el proyecto y a recuperar los niveles de financiamiento y acompañamiento social vigentes hasta ahora. Señaló que la discapacidad debe ser una prioridad en la agenda pública y que las políticas deben orientarse a fortalecer, no debilitar, los derechos conquistados por este colectivo.