Una denuncia por el uso indebido de identidad profesional destapó una red criminal que falsificaba certificados médicos y operaba clínicas sin autorización en La Matanza. La denuncia fue realizada por una médica pediatra y especialista en estética, quien advirtió que su nombre y matrícula se empleaban para emitir constancias ilegales en una clínica de González Catán.
La investigación comenzó cuando esta profesional recibió mensajes en redes sociales alertándola sobre certificados médicos falsos firmados con su identidad. Al corroborar que nunca atendió a esos pacientes y que los sellos estaban adulterados, decidió presentar una denuncia ante la Justicia. Una fiscal detectó que la especialidad médica declarada en los documentos no correspondía con la denunciante, lo que aceleró la pesquisa.
La red operaba bajo el nombre “Argentina Salud” y contaba con sedes en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning. La Policía Federal realizó allanamientos donde detuvieron a seis personas y demoraron a otras 23 por estar vinculadas al delito. Los operativos revelaron que se usaban matrículas y sellos robados para confeccionar certificados, recetas y documentación médica apócrifa. Además, se detectaron ambulancias sin habilitación oficial y una venta de medicamentos fuera de ley.
Las autoridades verificaron que más de cincuenta médicos sufrieron el robo de su identidad profesional para avalar estudios, certificados laborales y tratamientos realizados por personas sin capacitación ni habilitación. La Justicia investiga delitos como ejercicio ilegal de la medicina, asociación ilícita, usurpación de títulos y comercialización ilegal de fármacos, sin descartar acusaciones por estafa ante las denuncias de pacientes que aseguraron haber sido atendidos por falsos doctores.
Uno de los hechos más graves vinculados a esta red fue la muerte de un hombre de 57 años tras ser atendido en una de las clínicas implicadas. Según relataron sus familiares, el paciente consultó por un dolor abdominal, recibió medicación y fue dado de alta, pero falleció pocas horas después en su domicilio. Este caso motivó que más víctimas y familiares presentaran denuncias contra los centros médicos under investigación.
El caso está a cargo del juez de garantías Rubén Ochipinti y del fiscal Fernando Garate, quienes continúan con las medidas judiciales para desmantelar la organización. Entre los procedimientos figuraron allanamientos en múltiples puntos de la zona y revisiones de documentación y vehículos utilizados por la banda.