La exjueza Alejandra Claudia Velázquez fue condenada a tres años de prisión por ofrecer dinero con el propósito de influir en procedimientos de adopción en Pilar. Aunque fue sentenciada por cohecho agravado, no irá a la cárcel de forma efectiva gracias a una condena condicional y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante seis años.
La condena se dictó tras un juicio abreviado en el que Velázquez confesó haber reclutado a empleadas para que localizaran mujeres embarazadas o niños en condiciones de adoptabilidad, con el fin de favorecer a parejas de alto poder adquisitivo residentes en countries de la zona. Según expuso el fallo, la ex magistrada ofreció dinero a dos funcionarias públicas para influir en actuaciones inherentes a los procesos de adopción, aunque ambas rechazaron las propuestas de inmediato. La justicia consideró que el delito se configuró solo con el ofrecimiento.
Velázquez fue titular del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, hasta que en 2017 fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. La investigación se inició tras detectar reiteradas ausencias y testimonios de empleados que denunciaron propuestas irregulares en adopciones, incluso una empleada recordó que la exjueza admitió su intención de “conseguir panzas” para acelerar trámites y entregar bebés a familias adineradas.
Tras ser apartada, Velázquez estuvo prófuga y se emitió un pedido de captura internacional. Interpol la ubicó en España, donde fue detenida y extraditada a Argentina en agosto de este año. Desde entonces, cumplió prisión domiciliaria en Tigre hasta la resolución judicial.
El caso revela un esquema ilegal de compraventa y manipulación de procesos de adopción a cargo de autoridades judiciales, que afectó los derechos de niños y mujeres vulnerables, y terminó con la condena efectiva de la exjueza y su descalificación para cargos públicos.