En once años desde la primera convocatoria de Ni Una Menos, Argentina acumuló más de 3 mil femicidios. Sin embargo, el acceso a la justicia se complica, ya que las denuncias previas que realizan las víctimas contra sus agresores alcanzaron un nivel históricamente bajo. Esta realidad se desprende del último informe del observatorio de Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana).
La directora ejecutiva de Mumalá, Gabriela Sosa, destacó que a pesar de la continuidad de estos crímenes, el compromiso del Estado con políticas públicas efectivas sigue siendo insuficiente. Señaló además una escasez progresiva de recursos destinados a prevención y asistencia, junto con una ausencia preocupante de perspectiva de género en el Poder Judicial. Sosa ejemplificó su preocupación con declaraciones recientes que reflejan una falta de actualización y empatía por parte de autoridades judiciales implicadas en causas emblemáticas.
El informe también advierte sobre un aumento en el uso de armas de fuego en femicidios, una tendencia que alerta sobre el contexto de mayor violencia y la poca eficacia en políticas de desarme. El desmantelamiento de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y la reconversión de esta en el Registro Nacional de Armas (RENAR), ahora bajo directa dependencia del Ministerio de Seguridad, representa un retroceso que dificulta el control y monitoreo de armas en manos civiles.
En el actual año se contabilizan más de 100 femicidios, cifra que mantiene la alerta encendida en organizaciones sociales. Frente a esta situación, se convocaron movilizaciones nacionales para recordar el primer Ni Una Menos y reclamar respuestas concretas del Estado. La protesta principal tendrá lugar frente al Congreso Nacional, en simultáneo con acciones en distintas ciudades del país.