El Gobierno de Bolivia confirmó la muerte de un manifestante de 24 años que se produjo durante un operativo conjunto de policías y militares para despejar accesos bloqueados hacia La Paz. El fallecimiento se registró en un contexto de crecientes movilizaciones sociales que exigen cambios en la política económica y la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Inicialmente, las autoridades negaron la existencia de víctimas fatales, pero el reconocimiento oficial llegó al presentarse el acta de defunción, que señala que el joven murió por un “proyectil de arma de fuego”. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, expresó condolencias a la familia y admitió que la información oficial fue corregida conforme avanzó la investigación.
El funcionario aseguró que las fuerzas antidisturbios tienen órdenes estrictas de no emplear armas de fuego ni balines de goma durante los controles, por lo que abrió una investigación para determinar el origen del disparo y las circunstancias que causaron la muerte. Gálvez subrayó que ningún responsable estará por encima de la ley.
La tragedia intensificó la crisis en Bolivia, donde las protestas y bloqueos de rutas por parte de organizaciones sociales, sindicales e indígenas continúan, generando problemas en el suministro de alimentos, combustibles y medicinas, especialmente en La Paz y El Alto. Diversos organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica reclamaron una investigación independiente para esclarecer los hechos y evaluar posibles abusos en el uso de la fuerza.
El Gobierno permanece alerta frente a una conflictividad que se mantiene alta desde hace semanas, mientras los manifestantes mantienen las medidas de presión para exigir soluciones y cambios políticos.