La decisión de Estados Unidos de clasificar al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas genera preocupación en sectores del Ministerio Público brasileño por su posible impacto en la colaboración internacional contra el crimen organizado. Lincoln Gakiya, fiscal del Grupo de Acción Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (Gaeco), destacó que esta medida no aportará beneficios prácticos a Brasil en el combate a estas facciones.
Gakiya explicó que Estados Unidos ya había catalogado previamente como terroristas a grupos criminales de México, Venezuela y El Salvador sin que esto disminuyera su influencia, incluso dentro del propio territorio estadounidense. Según el fiscal, la decisión parece más una politización del asunto que una herramienta efectiva para frenar a estas organizaciones.
Esta nueva clasificación implica un enfoque que podría activar intervenciones de agencias como la CIA y fuerzas militares estadounidenses más allá de las habituales agencias policiales como el FBI o la DEA. Para Gakiya, este cambio podría tensionar la cooperación ya establecida entre Brasil y Estados Unidos en áreas críticas como la lucha contra el tráfico de drogas.
La distinción entre crimen organizado y terrorismo también tiene implicaciones legales y políticas relevantes. La ONU define el terrorismo como actos con motivaciones ideológicas o políticas, características que no corresponden al modus operandi del PCC ni del CV. Esta diferencia es crucial porque abre la puerta a medidas más severas para Estados Unidos, como sanciones económicas o incluso intervenciones militares en territorio brasileño, con riesgos evidentes para la soberanía nacional.
Sin embargo, el fiscal consideró que la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Brasil es remota, aunque no imposible según la legislación estadounidense, que permite operaciones secretas fuera de su territorio y sin consentimiento del Estado afectado. Puso como ejemplo intervenciones pasadas en Venezuela y México, donde la captura de líderes de cárteles por parte de EE.UU. tuvo consecuencias negativas para la población civil.
La creciente tensión en la lucha contra el crimen organizado y las nuevas designaciones legales complican además el trabajo conjunto entre ambos países. El fiscal resaltó que más allá de la cualificación, la prioridad debe ser fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación para enfrentar estos grupos que operan transnacionalmente.