Entre 700 y 1.500 estudiantes que asistieron a escuelas gestionadas por la congregación Notre-Dame-De-Bétharram, cerca de Lourdes, quedaron expuestos a actos de violencia sexual, física o psicológica a lo largo de varias décadas, según un estudio presentado por una organización no gubernamental especializada.
El informe, elaborado tras más de un año de investigación por el Instituto Louis Joinet (IFDJ), sostiene que estos casos de violencia no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón sistémico e institucionalizado en esta comunidad educativa fundada en el siglo XX. La ONG enfatiza que se trata de un sistema con raíces profundas, basado en mecanismos de miedo, vergüenza y dominación que silenciaron a las víctimas y perpetuaron el abuso.
Además, la investigación rechaza la idea de que estos hechos respondieran a una supuesta tolerancia social propia de la época. Por el contrario, denuncia un fallo generalizado en los mecanismos de control tanto de la Iglesia como del Estado, que permitieron la continuidad de estos episodios a pesar de las alertas dispersas recibidas, que fueron minimizadas frente al prestigio y autoridad religiosa que la congregación mantenía regionalmente.
Este patrón se identificó en múltiples establecimientos bajo la gestión de la congregación, que incluían escuelas, institutos y liceos en Francia y África. La ONG entrevistó a cerca de 140 antiguos alumnos y personas vinculadas a estas instituciones para construir su diagnóstico, evidenciando un sistema autoritario que promovía la dureza y el sometimiento, validando así la persistencia de la violencia.
El informe también menciona casos emblemáticos, como la acusación al ex primer ministro François Bayrou, quien había enviado a sus hijos a estas escuelas y fue señalada por presuntamente conocer los abusos sin intervenir, situación que él negó.
Respecto a las denuncias, se registraron cerca de 250, aunque la mayoría prescribieron debido al tiempo transcurrido. Solo dos personas enfrentaron cargos: un religioso y un laico vinculados a la congregación. Frente a esto, el IFDJ propone medidas para la reparación, incluyendo la creación de un tribunal ciudadano y un mecanismo de compensación financiera adicional, sumándose a los 1,4 millones de euros que la congregación ya destinó para indemnizar a 48 víctimas.
Finalmente, la ONG advierte que este caso no constituye una excepción, sino un ejemplo del tipo de abandonos y silencios que han marcado la protección de derechos en contextos educativos religiosos. Surgido a la luz en 2023 gracias a testimonios publicados en redes sociales, el caso demuestra que la defensa efectiva de niños y adolescentes no puede depender exclusivamente de esfuerzos individuales aislados.