La instalación de una imponente imagen de San La Muerte junto a la Ruta 1, en La Bajada, despertó inicialmente interés religioso, pero pronto se tornó en un foco de polémica tras conocerse antecedentes judiciales graves del responsable de la obra. Daniel Oscar Quinteros, quien impulsa también un proyecto de santuario que combine diversas expresiones de fe popular, fue vinculado a episodios de violencia extrema durante tomas de tierras en Santiago del Estero.
Según registros judiciales, Quinteros participó en una usurpación violenta en la estancia “Tierra Brava”, ubicada en el departamento Alberdi. Allí, unas 26 personas irrumpieron amenazando y golpeando a empleados rurales, quienes quedaron retenidos durante horas, con ataduras y bajo intimidación armada. El caso incluye episodios de simulacros de mutilación para infundir miedo, y la presencia de un menor como testigo directo de las agresiones. Las imputaciones judiciales comprenden delitos graves como coacción, privación ilegítima de la libertad y usurpación, con posibles condenas superiores a dos décadas.
Las investigaciones indican que estas acciones forman parte de una red organizada. En la cima de esta estructura aparece un empresario oriundo de Córdoba, mientras que Quinteros habría actuado reclutando personas y supervisando la movilización en el territorio. La participación de individuos con antecedentes penales refuerza la hipótesis de una estrategia coordinada para la toma ilegal de terrenos a través del uso de la fuerza y la violencia.
Organismos sociales como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) denunciaron públicamente a Quinteros como líder de una “guardia blanca” encargada de intervenir en disputas por tierras mediante amenazas y desalojos forzados. Estas prácticas afectan tanto a comunidades campesinas e indígenas como a pequeños productores rurales, generando un contexto de tensión y conflicto persistente en varias zonas del interior provincial.
Mientras tanto, en La Bajada, el monumento a San La Muerte sigue siendo objeto de debate social. Algunos sectores lo defienden como un emblema legítimo de la fe popular que podría atraer visitantes, mientras que otros advierten sobre la conexión directa entre su promotor y episodios de violencia que afectan la convivencia en la región.