Un grupo de legisladores argentinos y representantes de organismos de derechos humanos que viajaron a Bolivia para documentar presuntas violaciones a los derechos humanos fue retenido y deportado por las autoridades bolivianas. La misión llegó al aeropuerto de El Alto, pero no pudo cumplir su cometido ni siquiera descender del avión en Santa Cruz, lugar desde donde fueron trasladados de regreso a Argentina.
La delegación estaba formada por el diputado nacional Juan Marino, Vanina Biassi, legisladora porteña y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, Soledad Mosquera, secretaria general del gremio Ademys, María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, y Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros. A todos les retuvieron sus documentos y fueron obligados a firmar un documento con acusaciones consideradas falsas en relación a los objetivos del viaje.
Vanina Biassi calificó el operativo como un acto de «secuestro con represión policial» y afirmó que la misión había sido convocada para denunciar la instauración de un Estado de sitio que, según describió, es parte de una dictadura militar. Por su parte, Alejandrina Barry corroboró que el trato recibido fue similar al de un secuestro, incluyendo la imposibilidad de bajar del avión y la coerción para firmar documentos con causas inventadas.
En Argentina, Germán Martínez, jefe del bloque de diputados del peronismo, exigió a las autoridades bolivianas que se garantice la integridad física y la libertad para que Marino pueda cumplir con las tareas encomendadas por la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Martínez solicitó también una intervención urgente de las autoridades consulares argentinas ante esta situación.
La Misión Humanitaria emitió un comunicado en el que denunciaron que la expulsión y represión constituyen una violación directa a la Constitución boliviana y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. El objetivo de la misión era relevar las violaciones en el contexto de la represión estatal contra las protestas sociales, consideradas legítimas y constitucionales por quienes viajaron a Bolivia.