El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, estableció un estado de excepción en todo el país con el propósito de poner fin a los bloqueos de carreteras que llevan más de 50 días, dificultando el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos. La medida busca restablecer la libre circulación y asegurar el abastecimiento en las zonas más afectadas.
El mandatario calificó estos bloqueos como un intento de golpe de Estado vinculado al narcoterrorismo y a grupos de la región del Chapare. Frente a esta situación crítica, tanto la Policía Boliviana como las Fuerzas Armadas reciben la autorización para actuar en los puntos conflictivos. Las ciudades más impactadas, como La Paz y El Alto, enfrentan escasez que afecta directamente a cientos de miles de trabajadores.
Además de la declaración del estado de excepción, el Ejecutivo creó una comisión especial para abordar la crisis en la provincia de La Paz y convocó a un Gran Acuerdo Nacional, abriendo espacios de diálogo para tratar demandas consideradas legítimas dentro del marco legal.
La normativa del estado de excepción incluye la suspensión temporal de garantías constitucionales, con las siguientes restricciones principales:
- Inmovilización y control del libre tránsito, permitiendo circulación solo con autorizaciones oficiales.
- Prohibición de concentraciones masivas, manifestaciones no autorizadas y bloqueos de vías urbanas, rurales e internacionales.
- Garantía del suministro de bienes esenciales, prohibiendo la obstrucción del transporte y venta de alimentos, combustibles e insumos médicos, con paso prioritario para ambulancias.
- Prohibición del porte de armas, objetos contundentes, explosivos y elementos usados en bloqueos como miguelitos.
- Implementación temporal de ley seca y restricción en el uso de drones sobre zonas críticas.
- Suspensión de actividades comerciales recreativas nocturnas y limitación temporal en servicios bancarios y cajeros automáticos en áreas intervenidas.
Estas medidas buscan controlar la violencia y el desabastecimiento que ya provocaron la muerte de más de una decena de personas durante el conflicto. La intervención militar intenta recuperar la normalidad y el orden público, mientras el gobierno mantiene abiertos canales para atender reclamos siempre que se enmarquen en la legalidad.