El gobierno de Donald Trump y las autoridades iraníes acordaron poner fin a la guerra abierta y restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz, un paso que fue recibido con alivio en los mercados internacionales debido a la relevancia estratégica de este corredor para la producción petrolera mundial. Esta medida busca resolver un conflicto que ha generado rechazo entre la opinión pública estadounidense y ofrece al presidente estadounidense una vía para salir del enfrentamiento.
No obstante, el acuerdo generó fuertes divisiones dentro del Partido Republicano. Sectores conservadores calificaron el pacto como una derrota táctica y criticaron la falta de transparencia, ya que el texto oficial permaneció reservado hasta última hora. Varios dirigentes republicanos expresaron su escepticismo y preocupación ante diferencias entre la versión oficial de la Casa Blanca y la interpretación de Irán. Sin embargo, algunos asesores moderados defienden que, aunque Irán podría recuperar activos congelados, ello se condiciona al cumplimiento de objetivos vinculados a su programa nuclear.
Para los estadounidenses consumidores, las consecuencias económicas aún son inciertas. Aunque se espera una baja en los precios de la gasolina tras la reapertura del estrecho, estos no retornarán a niveles previos al conflicto en el corto plazo, lo que podría continuar afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos en un contexto electoral sensible para los republicanos. Además, el tránsito total por el estrecho no se reanudará completamente hasta dentro de algunos días y el flujo de petróleo podría tardar meses en estabilizarse debido a los daños en infraestructura y a las limitaciones productivas de los países del Golfo. Según expertos en comercio petrolero, alcanzar niveles previos al conflicto podría demorar hasta el año 2027.