La comunidad universitaria protagonizó una movilización multitudinaria en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, demandando al gobierno nacional el incremento urgente del presupuesto y la actualización salarial para docentes y Nodocentes. La manifestación se produjo en varias ciudades del país, con una concurrencia que superó el millón de personas, entre estudiantes, trabajadores de la educación, sindicatos y organizaciones políticas y territoriales.
El reclamo surge en un momento de profunda crisis en el sistema universitario público, marcado por una reducción significativa del presupuesto en términos reales. Desde 2023 hasta la fecha, los fondos destinados a las universidades nacionales han disminuido un 41,6%, impactando directamente en la calidad educativa y las condiciones laborales de quienes forman y sostienen estas instituciones. Según datos oficiales, el presupuesto universitaria representa actualmente menos de la mitad del porcentaje del Producto Bruto Interno que solía recibir.
Los salarios también reflejan un deterioro considerable. Desde fines de 2023, los haberes de docentes y Nodocentes bajaron en un 34,2%, provocando que muchos trabajadores acumulen múltiples empleos para cubrir sus necesidades básicas. Este fenómeno es generalizado en el sector y se traduce en largas jornadas laborales, con escaso tiempo libre y condiciones económicas precarias, como evidencia un informe reciente que señala pagos por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia en numerosos cargos.
El ajuste presupuestario se produce en consonancia con la orientación del gobierno nacional, reflejada desde la campaña electoral y reafirmada en estos años de gestión. La contracción de fondos afecta a un sistema que hoy cuenta con más universidades y una matrícula estudiantil considerablemente mayor en comparación con años anteriores, lo que agrava la situación de la educación pública superior.
La marcha federal universitaria, que alcanzó su cuarta edición, confirmó la firmeza de la sociedad frente a lo que consideran un intento sistemático de debilitar la universidad pública. Las numerosas voces en las calles insistieron en la necesidad de cumplir con la ley vigente, mejorar los salarios y asegurar un presupuesto acorde con las demandas educativas actuales.