En respuesta a un nuevo ajuste anunciado por el gobierno, miles de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes protagonizaron una manifestación federal que se extendió por todo el país. La protesta, realizada en plaza pública, se centró en el reclamo por el incumplimiento del presupuesto universitario que afecta directamente a la educación pública, la investigación científica y las condiciones laborales.
El sector universitario denuncia que el presupuesto asignado ha caído en términos reales durante los primeros meses del año en curso, con un ajuste superior al 7% respecto al año anterior y una reducción que supera el 30% en relación con 2023. Esta retracción presupuestaria ocurre pese a que la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por mayorías especiales en el Congreso y ratificada por la Justicia, obliga al Estado a garantizar recursos adecuados para las instituciones educativas públicas.
Las autoridades universitarias alertan que esta merma en el presupuesto ocasiona un deterioro en el desarrollo académico y científico. La inversión por alumno alcanzó niveles no observados desde principios del siglo XXI, mientras que los salarios docentes y del personal no docente acumulan una pérdida real de más del 30%, lo que ha provocado renuncias, menos dedicaciones exclusivas y dificultades para mantener programas de investigación y extensión.
El desfinanciamiento afecta especialmente al área de ciencia y tecnología, donde las limitaciones presupuestarias generan un escenario crítico para proyectos y para la incorporación de recursos necesarios para el avance académico. Esta situación tensiona la estabilidad del sistema universitario y pone en riesgo la calidad educativa que brinda el sector público.
Desde distintos sectores universitarios afirman que el Ejecutivo incumple con la ley vigente y que esta conducta erosiona la autonomía y capacidad de las universidades para cumplir con sus funciones esenciales. La movilización reflejó la preocupación generalizada y el pedido urgente de que se revierta la pérdida presupuestaria para garantizar la sostenibilidad del sistema educativo público.