El presupuesto nacional sufrió una reducción significativa que impacta de forma directa en Mendoza, especialmente en sectores estratégicos como la obra pública, la Justicia federal y los programas de remediación ambiental. La medida fue oficializada mediante una decisión administrativa firmada por áreas clave del gabinete nacional.
Dentro de los principales afectados se encuentra Vialidad Nacional, que vio recortados cerca de 4.672 millones de pesos destinados a múltiples proyectos y mantenimiento de infraestructura vial en la provincia. Especial atención recibe la autopista Mendoza-San Juan, cuya obra permanece paralizada, con un recorte específico de más de 2.000 millones que afecta el tramo entre el aeropuerto y Jocolí Viejo, un sector ya declarado “neutralizado”, consolidando la incertidumbre sobre su reactivación financiera. Además, los programas de mantenimiento y seguridad vial sufrieron reducciones considerables, con recortes que superan los 900 millones en áreas como reparaciones de obras de ingeniería y mantenimiento de rutas nacionales.
En San Rafael, la reducción presupuestaria también golpea la remediación ambiental del complejo minero Sierra Pintada, un sitio donde se extrajo y procesó uranio hasta fines del siglo XX. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) verá disminuidos sus fondos en 600 millones de pesos, lo que representa un revés para las tareas iniciadas en 2019, cuyo objetivo es tratar contaminantes como uranio, radio y arsénico en el agua y residuos sólidos del área. La continuidad de estas obras es clave para la salud ambiental y pública de la región, dada la histórica actividad minera y los compromisos judiciales asumidos tras sentencias de la Corte Suprema.
La Justicia federal en Mendoza también sufrió un ajuste presupuestario considerable, con una reducción superior a 2.000 millones de pesos. Este recorte afecta a un organismo que desempeña un rol esencial en el sistema judicial de la provincia, en un contexto de demanda creciente y desafíos operativos permanentes, aunque las autoridades locales aseguraron que, por el momento, no se verán comprometidos los servicios básicos.
En conjunto, estos recortes forman parte de una poda global cercana a tres billones de pesos en diversas partidas del presupuesto nacional para 2026, con un impacto transversal que afecta obras públicas, gestión judicial y programas ambientales en Mendoza. Mientras el gobierno nacional prioriza el ajuste, los sectores locales comienzan a evaluar las consecuencias inmediatas y la posibilidad de readecuar planes para minimizar la afectación en los servicios esenciales.