Mendoza puso en marcha el nuevo sistema “Mercado Zona Segura”, una iniciativa que rompe con las restricciones fitosanitarias que limitaban la circulación de frutas y verduras hacia el sur de la provincia y otras regiones como la Patagonia. Esta medida cambia la lógica monopólica vigente, que hasta ahora obligaba a que los productos sensibles a la mosca del fruto —como pimiento, manzana, pera o uva— pasaran por un único centro de desinfección.
Antes, solo una empresa llamada “Burbuja” recibía y trataba estos productos para que pudieran ingresar a la Zona Libre de Mosca, un área sanitaria que abarca el sur mendocino. Sin embargo, el nuevo esquema habilita a más de 3.000 puestos de venta para distribuir directamente, lo que impulsa la competencia y reduce los costos para los productores y comerciantes que antes estaban atados a un solo canal.
El surgimiento de “Zona Segura” se enmarca en un contexto de crisis en 2023, cuando el SENASA prohibió abruptamente la comercialización libre de cítricos hacia zonas libres de mosca, dejando a los vendedores sin opciones para mantener sus negocios. Frente a esta dificultad, los puesteros de los mercados de abasto se unieron para crear un sistema que protege la producción y cumple con las normativas internacionales.
El método consiste en que cada cargamento recibe un recubrimiento especial, denominado “poncho”, una malla que impide la entrada de la mosca. Esto reemplaza procesos complejos y centralizados, simplificando la logística y dando oportunidad real de acceso al mercado a pequeños productores y vendedores tradicionales.
Con el fin de democratizar y desmonopolizar el comercio, el sistema beneficia directamente a quienes antes no podían competir frente a la infraestructura exclusiva de la empresa de desinfección. Ahora, el transporte se acelera porque los camioneros cargan productos en diversos puestos en lugar de esperar en un solo lugar, lo que optimiza tiempos y recursos.
Este cambio también proyecta un impacto económico relevante para Mendoza, con una recuperación que se estima en más de 100.000 millones de pesos. La extensión del sistema abarca no solo San Rafael sino también otras regiones del sur mendocino y la Patagonia, lo que abre nuevas oportunidades para toda la cadena frutihortícola.