La región norte de la Patagonia atraviesa una transformación económica sin precedentes impulsada por la explotación energética y minera, así como por la producción agroalimentaria, productos muy demandados a nivel global. Sin embargo, este dinamismo se ve limitado por una infraestructura inadecuada que amenaza con frenar la continuidad del crecimiento. Las rutas deterioradas, sistemas eléctricos obsoletos, déficit en servicios urbanos y problemas de conectividad configuran un escenario donde la capacidad logística no acompaña la expansión productiva.
Vaca Muerta ejemplifica esta paradoja: mientras establece nuevas marcas de producción, las vías de tránsito y distribución están saturadas, reflejando un atraso en la adaptación de las redes clave para el suministro y transporte. Además, se suman conflictos relacionados con el uso del agua y la preservación ambiental, que complejizan aún más la gestión territorial y el equilibrio entre crecimiento y sustentabilidad.
Históricamente, el modelo de inversión en infraestructura en Argentina se concentró en el Estado nacional, con un rol complementario para las provincias. Este esquema mostró sus limitaciones frente al actual contexto fiscal y a un giro ideológico que redujo drásticamente la obra pública estatal. Como consecuencia, las provincias deben recurrir a nuevas fuentes de financiamiento, como créditos multilaterales, emisión de deuda provincial y fideicomisos, mientras que el sector privado, en particular la industria hidrocarburífera, comienza a asumir responsabilidades antes exclusivas del Estado, como el desarrollo de rutas, accesos logísticos y redes energéticas.
Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes para solucionar de fondo la cuestión estructural. El desafío principal consiste en diseñar una articulación eficaz entre lo público y lo privado que permita modernizar todas las piezas clave: autopistas, ferrocarriles, oleoductos, redes eléctricas, sistemas de riego y puertos. Esta integración debe articularse con los procesos productivos y comerciales, acompañada de una gobernanza que garantice continuidad a largo plazo más allá de los ciclos políticos.
Modelos como el Régimen de Inversiones para la Gobernabilidad Industrial (RIGI) establecen cierta previsibilidad para atraer y gestionar inversiones, pero requieren planes estratégicos que vayan más allá de soluciones emergentes. La experiencia internacional indica que el desarrollo territorial sostenible no depende exclusivamente de fondos públicos ni de la libre planificación de mercado, sino de un trabajo coordinado que reconozca a la infraestructura como un elemento fundamental de competitividad e inserción global, y no solo como un gasto.