El balance fiscal argentino presenta una marcada disparidad entre el nivel nacional y las provincias. Aunque el Gobierno nacional mantiene números positivos en sus cuentas, diversas consultoras privadas alertaron que este equilibrio se consigue a costa del deterioro financiero de las administraciones provinciales.
De acuerdo con datos oficiales, la Nación registró en los primeros meses del año un superávit primario significativo y un resultado financiero positivo, superando las metas fijadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el panorama provincial contrasta con esta situación: las 24 jurisdicciones experimentaron un aumento real de gastos superior al crecimiento de sus ingresos totales, generando así un déficit fiscal sustancial.
Un análisis de la consultora Vectorial explicó que las provincias sufrieron el impacto directo del ajuste nacional, en especial a través de menores transferencias desde la Nación, pero debieron sostener la financiación de servicios prioritarios como salud, educación y seguridad. Según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), los ingresos provincialescrescieron apenas un 3,4% real, mientras que los gastos corrientes subieron un 7% y el gasto en inversión, un 5,8%, provocando un incremento global del gasto cercano al 7% en términos reales.
Este desequilibrio llevó a un cambio de signo en las cuentas provinciales. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que, mientras en 2024 las provincias habían obtenido un superávit primario equivalente a varios billones a valores actuales, en 2025 registraron un déficit que supera los cientos de miles de millones. En términos fiscales totales, el déficit provincial actual contrasta con el superávit del año previo y amplía la brecha frente a la estabilidad financiera nacional.
Vectorial subrayó que este deterioro afecta no solo a las provincias con dificultades financieras tradicionales, sino también a distritos más robustos y con menor riesgo fiscal. El desbalance obliga a las administraciones provinciales a enfrentar mayores restricciones presupuestarias, afectando la calidad y continuidad de servicios esenciales para la población.
Por su parte, la consultora ACM puntualizó que el cumplimiento de las metas de superávit nacional no está garantizado indefinidamente, ya que la recaudación tributaria muestra caídas reales persistentes. La capacidad del Gobierno para sostener este equilibrio dependerá del comportamiento futuro de los ingresos y las prioridades del gasto público a nivel nacional y subnacional.