Un reciente incremento en categorías y sueldos dentro de la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) despertó malestar entre empleados y sindicatos, debido a la asignación acelerada de jerarquías a más de doscientos trabajadores, entre ellos varias figuras cercanas a funcionarios de alto rango en el Palacio de Hacienda.

Entre los casos más destacados figura el de Yael Bialostozky, vocera de Luis Caputo, quien ascendió a la categoría más alta en la carrera administrativa del organismo, reservada para quienes cuentan con formación específica en economía y amplia experiencia en el sistema tributario nacional. Su salario, junto con otros empleados con aumentos similares, alcanza un nivel que oscila entre los cuatro y cinco millones de pesos, según fuentes internas.

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Estas subas se componen de dos partes principales: un sueldo básico que ronda los 1,9 millones de pesos y un adicional variable por jerarquización que puede superar los cuatro millones, dependiendo de evaluaciones internas. Este esquema pone en entredicho las promesas políticas de terminar con los altos ingresos dentro del sector público y limita la crítica hacia la supuesta eliminación de la llamada «casta» estatal.

La reacción sindical no se hizo esperar. Representantes de la Unión Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP) denunciaron que las categorías se entregan «a dedo», sin respetar los años de carrera ni la formación requerida, equiparando sueldos de empleados con trayectoria y estudios a casos de ascensos exprés. Esto genera un ambiente de desconfianza y cuestiona la transparencia en cargos estratégicos de recaudación y control aduanero.

Contextualmente, las prácticas de movimientos hacia el sector privado y luego regreso al público en posiciones privilegiadas, conocidas como «puerta giratoria», siguen presentes en el Palacio de Hacienda, donde figuras como Luis Caputo han transitado entre consultoras privadas y altas funciones gubernamentales. Esta dinámica dificulta la renovación real de la gestión pública y contribuye a la persistencia de privilegios y contactos en la esfera estatal.