Los repartidores que trabajan para plataformas digitales enfrentan una creciente dependencia de créditos ofrecidos por las mismas compañías, con tasas que pueden alcanzar niveles superiores al 700% anual, según advirtió el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa). Este tipo de financiamiento se utiliza principalmente para la compra o reparación de bicicletas y motos, pero implica un riesgo alto para quienes dependen exclusivamente de estos ingresos.
La secretaria general de Sitrarepa, Belén D’Ambrosio, señaló que los préstamos se otorgan selectivamente a quienes muestran alta actividad laboral dentro de las plataformas, lo que empuja a algunos repartidores a extender sus jornadas hasta 10 o 12 horas para poder afrontar las cuotas y gastos fijos vinculados a la operatoria. Desde el sindicato reclamaron una regulación estatal que controle estas líneas de crédito para evitar condiciones abusivas.
Un informe del Banco Central refleja un fuerte crecimiento en la cantidad de deudores dentro de la llamada «economía gig»: un aumento del 122% en 2025 tras un 177% entre 2023 y 2024. Según el organismo, las plataformas utilizan datos de antigüedad, aceptación de pedidos y calificaciones para decidir quién accede a los préstamos. La deuda promedio de los monotributistas que trabajan con estas apps llegó a 900.000 pesos por persona hacia fines de 2025.
Asimismo, los independientes constituyen el 54% de quienes solicitan estos créditos y concentran más del 62% del monto total financiado. Desde las empresas encargadas de estas aplicaciones aseguran que la intención es facilitar el acceso al crédito a personas con baja inclusión bancaria. Por ejemplo, PedidosYa ofrece préstamos a repartidores desde 2024 con plazos de hasta seis meses y un límite equivalente al 30% de sus ingresos.
Por su parte, Banco Galicia firmó un acuerdo con Rappi para brindar soluciones financieras y bancarias orientadas a estos trabajadores, buscando ampliar su inclusión en el sistema formal. A pesar de esto, la combinación de alto endeudamiento y extensas jornadas laborales alerta sobre la necesidad de un marco regulatorio que proteja a quienes forman parte de esta modalidad laboral y limitan su autonomía financiera.