El gobernador Martín Llaryora estableció un fondo de emergencia por 2.000 millones de pesos, con el objetivo de respaldar a las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad en Córdoba. Esta medida busca atender la crisis que enfrentan estas organizaciones ante la suspensión de aportes provenientes del Gobierno nacional.
Los recursos se destinarán a cubrir gastos corrientes, pago de honorarios profesionales y adquisición de insumos esenciales para evitar el cierre de las instituciones y garantizar la continuidad de sus actividades. La iniciativa fue presentada oficialmente en el Centro Cívico, ante más de 200 representantes de entidades sociales cordobesas.
Desde el gobierno provincial destacaron la importancia de una acción transversal, que supere diferencias políticas o religiosas, para proteger a las personas en situación de discapacidad. El fondo surge como respuesta a la falta de implementación de la Ley de Emergencia en discapacidad, que el Estado nacional había aprobado en dos ocasiones pero cuya aplicación fue postergada.
Además de la suspensión de aportes nacionales, estas organizaciones dejaron de recibir fondos de programas como PAMI y el plan Incluir Salud, lo que agravó su situación financiera. Córdoba Sostiene -como se denomina el fondo- apunta a sostener el entramado institucional para que ninguna persona quede desamparada.