El malestar económico atraviesa cada vez más la vida cotidiana de las familias argentinas, que enfrentan dificultades crecientes para llegar a fin de mes. Según un reciente estudio elaborado por Zentrix Consultora, el 63% de los argentinos exige cambios en el plan económico vigente, reflejando un descontento generalizado con el rumbo del país.
La encuesta también indica que casi el 60% de la población califica la situación nacional como mala o muy mala, y más del 40% evalúa negativamente su economía personal. Este deterioro en la percepción individual se traduce en restricciones concretas: el 64,4% de los encuestados afirmó que sus ingresos les alcanzan solo hasta el día 20 del mes, lo que obliga a reordenar gastos y limitar consumos con anticipación.
Este fenómeno no distingue preferencias políticas: incluso entre votantes oficialistas para 2025, el 66,2% reconoce que su salario pierde frente a la inflación. La diferencia está en cómo interpretan esta realidad. Para la oposición, representa un rechazo al modelo económico actual, mientras que dentro del oficialismo predomina un apoyo condicionado, con creciente intolerancia ante las dificultades.
La brecha entre las estadísticas oficiales y la percepción social se mantiene y agrava. Más del 70% de los entrevistados considera que los datos del INDEC no reflejan fielmente la inflación que enfrentan en su día a día. Esta desconfianza se sostiene desde comienzos de año y refuerza la idea de que los indicadores oficiales carecen de vínculo con la experiencia real de los hogares.
El estudio subraya que, en mayo, más del 85% de los encuestados aseguró que su salario quedó por debajo del aumento de precios, lo que impacta directamente en la confianza hacia la economía. Mientras este cuadro persista, los datos macro no serán suficientes para reconstruir un clima favorable entre la población.
Con la vista puesta en el mediano plazo, el debate sobre la eficacia del plan económico actual influye en el escenario político rumbo a 2027. En el sondeo, casi dos tercios de los consultados manifestaron que el plan debería cambiarse, mientras que solo un tercio favorece su continuidad, planteando un desafío a quienes definen las políticas públicas.