El municipio de Olavarría presentó un proyecto de ordenanza que establece una tasa anual de US$ 5.200 por cada aerogenerador instalado destinado a la generación de energía eólica dentro del ejido municipal. Esta iniciativa propone además un régimen de estabilidad fiscal por un período de diez años para las empresas operadoras de parques eólicos.

El proyecto será tratado en el Concejo Deliberante, comenzando su discusión en la comisión de Hacienda antes de pasar a la de Legislación. Por la modalidad de su trámite se espera un tratamiento ágil por parte del oficialismo. El expediente al que accedió este medio no incluye proyecciones sobre cuánto podría recaudar esta tasa ni aporta un informe técnico que justifique el monto impuesto, lo que deja dudas sobre su impacto económico.

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Actualmente, la actividad de generación energética se encuentra gravada bajo un marco impositivo general, que utiliza un código genérico para todas las actividades del sector. La iniciativa busca crear un esquema específico para la energía eólica, lo que implicaría un cambio normativo para las empresas que ya operan sus parques bajo las condiciones vigentes. No está claro si el nuevo régimen implicará un aumento o una reducción en la carga tributaria respecto al marco anterior.

En sus fundamentos, el Ejecutivo local explica que la medida responde a la necesidad de cubrir un vacío en la estructura impositiva actual. El nomenclador vigente utiliza un código general para las empresas energéticas, sin contemplar diferencias por tipo de fuente o tecnología. La tasa fija por aerogenerador busca establecer un criterio más preciso para la tributación de la energía eólica, aunque sin detallar cómo se calcularon los valores económicos que respaldan el impuesto.

La falta de datos claros sobre el impacto financiero para las empresas genera incertidumbre entre actores del sector, que señalan que la nueva tasa podría alterar las reglas de juego a las que se acogieron originalmente para invertir en Olavarría. La ordenanza tampoco aclara si esta medida afectará a futuros proyectos o solo a los ya instalados. El debate que se abrirá en el Concejo definirá si el municipio apostará a este modelo de fiscalización particular para la generación eólica.