La provincia de Tucumán oficializó la puesta en marcha de la ley de Ficha Limpia, una normativa que restringe el acceso a cargos públicos a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos penales con penas mayores a tres años o sean deudores alimentarios morosos. Este régimen, ya vigente, abarca designaciones desde el nivel de director en adelante dentro de los tres poderes del Estado, entidades autárquicas y organismos públicos.
El gobernador Osvaldo Jaldo destacó durante una conferencia de prensa que Tucumán se posiciona como pionera en la implementación de esta ley, que supera en estricticidad a otros proyectos legislativos en debate a nivel nacional. Resaltó también que la provincia ha avanzado en transparencia institucional con la creación de este mecanismo, que aún no se ha concretado a nivel nacional.
La Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, destacó el trabajo continuo que realizó para promulgar y reglamentar la normativa, enfatizando su carácter riguroso. Según su explicación, la ley obliga a presentar una declaración jurada y a inscribirse en el registro de Ficha Limpia como requisito imprescindible para acceder a cualquier cargo público. La aplicación estricta de esta norma busca asegurar que quienes desempeñen funciones públicas mantengan un perfil ejemplar.
La ley impacta directamente en la política local al establecer filtros claros para la selección de funcionarios y candidatos, buscando mayor transparencia y ética en la administración pública provincial. La iniciativa recibió valoraciones positivas por su exhaustividad y por aplicarse en una jurisdicción que se convierte en referente en la materia dentro del país.