El vicepresidente primero del Senado bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia sanitaria y humanitaria en toda la provincia de Buenos Aires por un plazo de dieciocho meses. La propuesta responde al agravamiento de la crisis en el sistema de salud pública provincial, provocada en gran parte por la reducción de recursos y el desfinanciamiento de programas nacionales claves.
La iniciativa sostiene que los recortes presupuestarios realizados por el Gobierno nacional profundizaron la situación crítica en servicios esenciales, lo que afecta la provisión de medicamentos, vacunas, insumos, tratamientos médicos y programas preventivos. Frente a esta realidad, el proyecto plantea que la provincia debe implementar medidas extraordinarias para garantizar la atención sanitaria de millones de bonaerenses.
En el texto también se reconocen las deficiencias propias de la provincia, como demoras en la entrega de insumos descartables y fallas en programas relacionados con enfermedades respiratorias estacionales. Se resalta la importancia de asegurar la plena operatividad del programa para Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), especialmente relevante durante la temporada invernal.
Como prioridades, el proyecto establece la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, insumos sanitarios, tratamientos oncológicos, programas preventivos y cuidados de salud mental. Además, propone fortalecer los hospitales públicos, centros de atención primaria y demás programas sanitarios que constituyen la principal red de contención para sectores vulnerables frente al deterioro social y económico.
Ishii subraya el impacto negativo que tiene la reducción o suspensión de programas nacionales como Remediar, que históricamente aseguró el acceso a medicamentos esenciales. También destaca la crisis del PAMI, cuyo funcionamiento deficiente afecta directamente a jubilados y adultos mayores, quienes recurren masivamente al sistema público provincial y municipal debido a la falta de cobertura médica, problemas en la provisión de medicamentos y tensiones con médicos de cabecera.
Esta situación genera una elevada demanda en hospitales y centros de salud públicos, sobrecargando guardias, consultorios externos y equipos sanitarios. Por ello, la iniciativa otorga facultades al Poder Ejecutivo provincial para reasignar partidas presupuestarias y activar mecanismos excepcionales de compra directa con el fin de afrontar la emergencia sanitaria.