El concejal Diego Montivero, presidente de la Comisión de Seguridad del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, rechazó la implementación de armas de letalidad reducida para empleados civiles en el cuerpo de prevención comunitaria. Según Montivero, la medida se aplica en una “zona gris” y sin un plan integral, lo que pone en riesgo la seguridad tanto de los vecinos como del propio personal.
Montivero expresó que la actual política de seguridad en San Isidro está marcada por ensayos sin evaluaciones rigurosas, lo que ha generado un ambiente confuso y poco profesional en el abordaje de la seguridad ciudadana. Reclamó una reforma urgente de la Ley Provincial de Seguridad 12.154 para establecer normas claras y profesionalizar las fuerzas comunales.
El edil admitió la necesidad de equipar a los trabajadores con herramientas de prevención, pero advirtió que, al tratarse de personal civil, debería imponerse formación obligatoria conforme a los estándares de la Escuela Vucetich. Además, planteó que sea la Policía de la Provincia la encargada de realizar controles y certificaciones anuales, incluyendo evaluaciones operativas y psicológicas, para evitar riesgos y malos manejos.
En paralelo, Montivero vinculó este debate con el estado salarial y laboral de los empleados municipales. Criticó que, mientras la gestión del intendente Lanús busca exhibir una imagen de seguridad avanzada con fuerzas élite, asigna funciones riesgosas a personal civil sin dignificar sus condiciones laborales, lo que genera una contradicción que perjudica tanto a los trabajadores como a la comunidad.
El concejal alertó sobre la necesidad de actuar con responsabilidad y controles estrictos para no exponer innecesariamente a las personas, y afirmó que su bancada no facilitará que medidas apresuradas y orientadas a la imagen política comprometan la integridad física de los vecinos y agentes municipales.