En respuesta a recientes denuncias relacionadas con abuso y grooming, la Legislatura de Córdoba implementó nuevas medidas para controlar la contratación y el desempeño de los asesores de los legisladores. A partir de ahora, quienes sean incorporados deberán presentar certificados que acrediten la ausencia de antecedentes penales y deudas alimentarias, además de entregar una declaración jurada sobre su conducta.
Estas modificaciones buscan transparentar el trabajo de los colaboradores parlamentarios y prevenir futuras situaciones indebidas. Además, se prevé un sistema de control de asistencia para asegurar la efectiva prestación de tareas, reforzando la responsabilidad institucional sobre el personal contratado.
La normativa responde a la creciente preocupación social y política por la integridad y ética en el ámbito legislativo, especialmente tras la visibilización de casos de abuso y acoso digital en la región. Así, se busca que los legisladores asuman un rol activo en la supervisión de sus equipos para evitar riesgos y ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía.
Las autoridades legislativas destacaron que las nuevas exigencias forman parte de un protocolo más amplio de control y prevención, que será revisado periódicamente para mantener actualizadas las medidas de protección y cumplimiento. La iniciativa también apunta a fortalecer la confianza pública en los organismos representativos y a garantizar ambientes laborales seguros y transparentes.