El gobierno de Javier Milei presentó una propuesta para modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), con el objetivo de asegurar su independencia y prohibir el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria. La iniciativa busca cortar con décadas de políticas que vinculan al organismo financiero con la cobertura del gasto público, una situación que, según el presidente, ha impactado negativamente en la inflación y la economía real.
El proyecto introduce medidas para fortalecer la gobernabilidad del BCRA, dificultando la remoción de sus autoridades y eliminando mecanismos como las letras intransferibles que permitían una emisión descontrolada. También establece nuevas reglas sobre la distribución de utilidades, buscando evitar la entrega de “utilidades ficticias” y mejorar la capitalización de la entidad financiera.
El presidente Milei destacó que el objetivo principal es preservar el valor de la moneda, mientras proyectó un crecimiento económico sostenido basado en la confianza que generarán estas reformas. Destacó que se logró devolver al sector privado una porción significativa del PBI en ahorro y estimó que la economía podría crecer a tasas superiores al 7 por ciento en los próximos años.
A pesar del respaldo internacional, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), la oposición manifestó críticas hacia la reforma. Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del BCRA, advirtió que la política monetaria debe ser parte de un conjunto integral de políticas económicas y cuestionó que el proyecto no aborde adecuadamente la problemática inflacionaria.
En paralelo, el Ejecutivo analiza implementar un mecanismo similar al conocido “shutdown” estadounidense, que podría restringir temporalmente la administración pública en casos de falta de presupuesto. Esta propuesta genera inquietudes entre especialistas en derecho constitucional, que advierten sobre posibles impactos negativos en los derechos económicos y sociales, especialmente en poblaciones vulnerables.
Con esta reforma, el gobierno aspira a cambiar radicalmente el manejo del Banco Central después de casi un siglo, planteando un modelo que reduzca la emisión monetaria no respaldada y fortalezca la autonomía del organismo para consolidar la estabilidad macroeconómica del país.