El Gobierno de San Juan dio a conocer un plan para modernizar el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) mediante una reforma que introduce el sorteo como método obligatorio para adjudicar viviendas. Esta medida busca transparentar el acceso a los programas habitacionales y evitar irregularidades en la asignación.
Como parte de la reforma, se establecen cupos especiales que priorizan ciertos grupos, y se imponen nuevas restricciones para limitar la participación de funcionarios y empleados públicos en los beneficios del IPV. La iniciativa también incorpora herramientas de control más estrictas para supervisar el cumplimiento de las normativas y prevenir fraudes.
El proyecto propone que todos los procesos de adjudicación deben realizarse a través de sorteos públicos, desplazando así criterios discrecionales que se usaban anteriormente. Además, fija condiciones específicas para los beneficiarios, entre ellas la condición de residencia y requisitos socioeconómicos, con el objetivo de lograr una distribución más equitativa.
Se enfatiza la creación de mecanismos para denuncias y auditorías internas que permitan una supervisión constante sobre la concesión de viviendas. Estas nuevas medidas apuntan a aumentar la confianza ciudadana en el IPV y garantizar que los recursos públicos se utilicen exclusivamente para atender a quienes realmente necesitan una solución habitacional.
La reforma también contempla la definición clara de cupos para grupos vulnerables o prioritarios, entre los que se incluyen personas con discapacidad, familias numerosas y otros sectores históricamente desatendidos. Este apartado tiene como fin asegurar una mayor inclusión social dentro de los programas habitacionales.
El proyecto ahora deberá ser debatido por el Legislativo local para su eventual aprobación. De concretarse, marcaría un cambio significativo en la gestión del IPV, alineando su funcionamiento con modelos de transparencia y control utilizados en otras provincias.