Funcionarios de alto perfil del oficialismo, así como exdirigentes de La Libertad Avanza, han ingresado al Régimen Simplificado de Ganancias, también conocido como ley de Inocencia Fiscal. Esta normativa permite que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reduzca de forma significativa el control sobre la evolución y origen del patrimonio de quienes se acogen a ella.
Entre los nombres que han solicitado esta modalidad se encuentran el ministro Federico Sturzenegger y el exdiputado José Luis Espert, además del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa. Estos referentes, asociados en su momento a discursos en favor de la transparencia y la erradicación de privilegios políticos, optaron ahora por la protección que ofrece este régimen, cuyo efecto principal es limitar la fiscalización tributaria.
El ingreso a este Régimen Simplificado implica que el fisco queda legalmente inhibido para auditar con detalle la composición patrimonial o justificar el origen de fondos y activos no declarados previamente. En la práctica, esta herramienta funciona como una suerte de amnistía tributaria para quienes la utilizan, lo que genera un contraste notable con la presión fiscal estricta que enfrenta el ciudadano común, el pequeño comerciante o el asalariado.
Este comportamiento alimenta la percepción de una ruptura ética al interior del gobierno, pues se trata de figuras que públicamente sostuvieron la necesidad de una mayor transparencia y combate a la corrupción. La decisión de acogerse a mecanismos que eximen de rendición de cuentas sobre el patrimonio personal alimenta críticas sobre posibles inconsistencias entre el discurso oficial y la práctica de sus representantes.
La confianza pública se ve comprometida cuando quienes ocupan posiciones estratégicas dentro del Estado aprovechan leyes diseñadas por ellos mismos para limitar la fiscalización de su patrimonio, mientras la mayoría de la población permanece bajo un estricto control tributario. Este doble estándar desafía la construcción de un sistema institucional transparente y equitativo, donde el patrimonio de los funcionarios debe estar sujeto a supervisión abierta y rigurosa.