El gobierno nacional reactivó el proceso para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, que permanecían detenidas desde hace un año. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se modificó el procedimiento de selección de magistrados para agilizar los nombramientos, suprimiendo instancias previas de consulta ciudadana y eliminando pautas establecidas sobre diversidad de género, especialidad y origen regional.
Actualmente, la Corte funciona con solo tres miembros, entre ellos su presidente Horacio Rosatti, reelegido recientemente. La ampliación del tribunal es considerada prioritaria ante el significativo déficit en el sistema judicial federal y nacional, donde cerca de un tercio de los cargos permanece sin cubrir. Aunque el Senado aprobó numerosas designaciones en juzgados y fiscalías, las dos vacantes en la Corte Suprema no lograron llenarse tras el rechazo de las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que no alcanzaron la mayoría requerida en abril del año pasado.
La reforma en el proceso, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, derogó partes de decretos históricos de 2003 que establecían mecanismos de transparencia y participación pública. Estos instrumentos aseguraban la recepción de observaciones ciudadanas, el período de publicidad en medios y un sistema de preselección administrativa dentro del Ministerio de Justicia, además de la inclusión de criterios para garantizar diversidad en los candidatos.
Con la nueva normativa, el Ejecutivo evitará la consulta ciudadana directa y flexibilizó las condiciones para la nominación, buscando acelerar la designación de los jueces faltantes. Se confirmó que el gobierno retomará negociaciones con la oposición para alcanzar el quórum de dos tercios en el Senado necesario para aprobar los candidatos, intentando no limitarse a su mayoría parlamentaria propia.
La demora en cubrir estas vacantes generó preocupación por el impacto en la capacidad operativa del máximo tribunal y la gestión de asuntos judiciales prioritarios. La iniciativa oficial responde a esa necesidad de resolver pronto el déficit, aunque representa un cambio significativo en la tradición del procedimiento que regía desde hace más de dos décadas.