El Gobierno de la provincia de Buenos Aires se opuso públicamente a un proyecto nacional que pretende introducir cambios profundos en el sistema tarifario eléctrico, poniendo en riesgo subsidios clave y la estabilidad de cooperativas eléctricas locales. Desde el ámbito provincial advirtieron que estas modificaciones impactarían negativamente en los usuarios bonaerenses y en la provisión energética para varias localidades.
El plan enviado al Congreso incluye la reducción del régimen conocido como Zona Fría, que dejaría fuera a cerca de 95 municipios bonaerenses y disminuiría los subsidios hasta cubrir solo la mitad del costo del gas, excluyendo transporte y distribución. Este ajuste, según explicaron desde la provincia, reduciría la protección económica que hoy reciben los usuarios en regiones de bajas temperaturas.
Otra medida polémica es la limitación para incluir en las facturas conceptos ajenos al servicio eléctrico, lo que impediría la aplicación de un fondo compensador que actualmente financia a cooperativas pequeñas, dedicadas a la distribución en áreas que no podrían sostenerse solo con los ingresos por consumo. Este fondo se considera un modelo a nivel nacional para asegurar el suministro donde la rentabilidad es baja.
Desde la subsecretaría de Energía provincial señalaron que esta iniciativa representa un avance para la desregulación y eventual privatización del sector público eléctrico, afectando la prioridad del abastecimiento interno. Además, advirtieron sobre la vulneración de la autonomía provincial en la definición de tarifas, ya que excluye la posibilidad de incluir ciertos cargos en la factura que hoy protegen a los usuarios y a las cooperativas.
Respecto a la deuda que mantienen las distribuidoras con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), desde Buenos Aires aceptaron la necesidad de ordenar las cuentas, pero pidieron claridad sobre la definición de activos y pasivos regulatorios para evitar distorsiones. En este sentido, consideraron que la prohibición de ciertos cobros en las facturas podría provocar la desaparición de mecanismos de financiamiento fundamentales para las cooperativas locales.
En síntesis, el Gobierno bonaerense interpretó que el proyecto nacional no solo afecta aspectos técnicos, sino que tiene un fuerte carácter político orientado a debilitar la capacidad provincial de proteger a sus usuarios y controlar el servicio eléctrico en territorio propio.