La Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre Inocencia Fiscal II tras un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, marcando un avance clave antes de su debate en el recinto previsto para la última semana de agosto.
El oficialismo acordó con bloques aliados, incluyendo al PRO, la UCR y partidos provinciales, modificar el proyecto para excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios tributarios que brinda esta norma. Esta restricción alcanza a quienes hayan ejercido cargos de alta responsabilidad en los tres poderes del Estado durante los cinco años previos a la adhesión al régimen.
Según el texto aprobado, los funcionarios públicos podrán continuar usando el sistema simplificado solo para la liquidación del Impuesto a las Ganancias, pero no podrán acceder a las presunciones de exactitud ni a la exención de fiscalizaciones por parte de los organismos recaudadores. De este modo, se busca asegurar un tratamiento más riguroso para este grupo, garantizando que estén sujetos a controles tributarios más estrictos.
La ampliación del régimen original de Inocencia Fiscal, sancionado en diciembre pasado, apunta a brindar alivio fiscal y previsibilidad tanto a personas físicas como a Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), facilitando un marco tributario más favorable para estos contribuyentes. En el Congreso esperan que, tras su tratamiento en Diputados, el proyecto pase al Senado para su consideración final.
Durante la discusión, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, señaló que la iniciativa busca evitar sanciones a quienes cumplen con sus obligaciones y dejar claro que se trata de un esquema estrictamente tributario, sin intención punitiva, sino de simplificación y seguridad jurídica para los contribuyentes.