La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su esposa, Alessandra Minnicelli, por enriquecimiento ilícito durante el período 2003-2017. También ratificaron la situación procesal de dos acusados señalados como testaferros: Juan Manuel Sebastián Pérez y Susy Inés Bello Knoll. La resolución de los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky denegó la apelación presentada por las defensas al considerar que el procesamiento no constituye una sentencia definitiva, allanando así el camino para que la causa continúe hacia el juicio oral y público.
Actualmente, De Vido cumple prisión domiciliaria en su propiedad de Zárate, Buenos Aires, luego de haber estado detenido en el penal de Ezeiza por otra condena vinculada a la tragedia de Once. El arresto domiciliario fue concedido por razones de salud. En una instancia anterior, la Cámara Federal porteña ya había confirmado los procesamientos tras una investigación impulsada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli, quienes identificaron un incremento económico injustificado en el patrimonio del matrimonio durante y después de su paso por cargos públicos, incluyendo la etapa posterior a la salida de De Vido del Congreso Nacional, donde actuó como diputado.
Según la pesquisa, la esposa del exministro fue procesada como partícipe necesaria, ya que trabajó en la Sindicatura General de la Nación entre 2003 y 2007 y habría actuado en conjunto con De Vido para aumentar y ocultar su patrimonio más allá de sus ingresos legítimos. La investigación fiscal señaló que ambos ocultaron bienes por un monto que supera los 687.000 dólares, actuando juntas para encubrir dichos activos.
Un punto clave de la causa es la compra de un departamento ubicado sobre la Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, realizada entre 2007 y 2009 a través de una estructura societaria que, según la investigación, habría servido para esconder la titularidad real del inmueble. El juez consideró que la adquisición se financió con fondos sin justificación legal y favoreció a la empresa Uni-Vite Argentina S.A., entidad cuyo capital no permitiría afrontar una operación de esa magnitud.
El matrimonio figuró durante años como inquilino del departamento, simulando esta situación hasta octubre de 2018, y mantuvo la posesión del inmueble hasta marzo de 2023, a pesar de ser los verdaderos propietarios. La causa también retomó elementos investigados en otras pesquisas, incluyendo el expediente Cuadernos, que se encuentra en debate en el Tribunal Oral Federal 7, en el que De Vido figura implicado en hechos de corrupción más amplios.