La causa por enriquecimiento ilícito que afecta a Gustavo Bordet comenzó hace dos años en el Ministerio Público Fiscal de Concordia, tras una denuncia que señala un aumento patrimonial desproporcionado durante su desempeño en cargos públicos entre 2007 y 2023. El expediente, identificado como Legajo N° 2240/24, comprometió la apertura de allanamientos en propiedades del exgobernador, hoy diputado nacional.
El fiscal a cargo sostiene que Bordet habría incrementado su patrimonio a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, con la presunta colaboración de personas interpuestas, entre ellas su esposa, sus hijas y allegados. Estas maniobras se investigan bajo la hipótesis de enriquecimiento ilícito, delito que busca determinar si el aumento de sus bienes supera lo justificable dado su ingreso legal.
Bordet defendió públicamente su inocencia durante los procedimientos judiciales, asegurando que cumplió con todos los requerimientos sin ampararse en fueros legislativos y sin ocultar bienes. Rechazó la existencia de propiedades no declaradas, bienes en el exterior o participación en sociedades irregulares, y afirmó que su patrimonio es transparente y conforme a la información presentada por vías legales.
Por su parte, la investigación muestra una diferencia en el tratamiento mediático respecto a otros casos similares, como el del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, pese a tratarse de causas con sospechas equivalentes. El principio de presunción de inocencia rige en el proceso contra Bordet, quien aún no recibió una sentencia ni fue sometido a juicio.
La pesquisa judicial continúa con el análisis de los documentos y bienes vinculados, mientras la fiscalía espera determinar si existieron irregularidades en la administración y declaración patrimonial de Bordet y su entorno cercano durante su paso por distintos cargos públicos.