En las cárceles de la provincia de Santa Fe, cerca del 40% de los internos siguen detenidos sin contar con una condena firme, permaneciendo bajo prisión preventiva en espera de que sus casos se resuelvan en juicio. Esta situación expone el uso intensivo de esta figura judicial y sus consecuencias sobre la población carcelaria.
El Ministerio Público de la Defensa realizó un relevamiento que detectó que de las casi 12.000 personas alojadas en las unidades penitenciarias santafesinas, el 39% está detenido con medidas cautelares, es decir, sin una sentencia confirmada. Muchas de estas personas enfrentan demoras prolongadas en sus procesos judiciales, lo que agrava su situación de encierro preventivo.
Al mismo tiempo, la cárcel provincial experimentó un crecimiento significativo en la cantidad de detenidos en los últimos años, alcanzando una población que supera la capacidad de los establecimientos. Los pabellones se encuentran sobrepoblados y los servicios mínimos requeridos, como higiene y atención médica, están tensionados, con reiteradas denuncias sobre las condiciones deficientes de detención.
Este escenario pone en evidencia la necesidad de revisar las políticas de aplicación de medidas cautelares en Santa Fe, enfatizando la urgencia de agilizar los procesos judiciales para evitar que la prisión preventiva actúe como una pena anticipada, contraria a los derechos fundamentales. El informe refuerza el debate público en torno a los efectos de la sobrepoblación carcelaria y la vulneración de derechos dentro de los establecimientos penitenciarios de la provincia.