La investigación por enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni dio un nuevo paso con la finalización de la extracción forense del contenido del celular de Matías Tabar, contratista clave en el caso. La información fue volcada a un disco rígido y ya está bajo análisis en Comodoro Py para corroborar detalles que podrían complicar al jefe de Gabinete.

Tabar entregó voluntariamente su iPhone 15 al momento de declarar como testigo, aportando pruebas sobre los trabajos realizados en la vivienda de Adorni ubicada en Indio Cuá. Según consta en el expediente, el funcionario pagó una suma cercana a los 245.000 dólares por la remodelación de esa casa, además del valor de compra estimado en 120.000 dólares. Además, el teléfono contiene chats y llamadas con Adorni en los días previos a la testimonial, donde el contratista intentó ofrecer su ayuda para preparar la declaración, aunque esta oferta fue rechazada.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo cuentan con facturas y comprobantes que respaldan la versión de Tabar, lo que refuerza el peso de su testimonio en el proceso. Mientras tanto, la defensa de Adorni, representada por el abogado Matías Ledesma, participó en el proceso de extracción de datos a través de un perito de parte. Desde el entorno oficial, sin embargo, se cuestionaron algunas afirmaciones del testigo sobre las obras.

En paralelo, se anticipa que Manuel Adorni deberá presentar su declaración jurada correspondiente al año 2025 dentro de esta semana ante la Justicia. El fiscal Pollicita trabaja en un requerimiento formal para que el funcionario explique las inconsistencias detectadas en su patrimonio declarado. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dependiente de la Procuración, prepara un informe contable que analizará si Adorni evidenció gastos superiores a sus ingresos oficiales. Este informe también evaluará la posible magnitud del enriquecimiento ilícito si se confirman las irregularidades.

Las autoridades estiman que la inspección detallada de los movimientos financieros concluirá entre fines de junio y primeros días de julio. Caso de que Adorni no logre aclarar las dudas con su respuesta, se abriría una nueva etapa en la causa judicial, con mayores requerimientos y medidas probatorias.