La masacre ocurrida en la Escuela Islas Malvinas de Carmen de Patagones en 2004 dejó una marca imborrable en la comunidad y en el sistema judicial argentino. Aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó recientemente el recurso de queja, confirmando los fallos previos, el proceso judicial tomó más de veinte años para resolver aspectos civiles vinculados a la responsabilidad por el ataque.
El caso involucró la muerte de varias personas en un aula del Primer año «B», cuando un menor disparó con un arma que pertenecía a su padre, un suboficial de la Prefectura Naval Argentina (PNA). La investigación judicial estableció la existencia de una responsabilidad compartida entre la Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires y la Prefectura, señalando la falta de medidas adecuadas para prevenir el hecho.
El análisis jurídico centró la responsabilidad civil indirecta en la PNA, debido a que el arma de fuego estaba bajo su custodia y no fue resguardada correctamente. Aunque las normas internas del organismo exigen guardar el armamento en condiciones estrictas, el arma se encontraba en un placard sin protección alguna, facilitando su acceso al menor. Esta negligencia activó la figura de «cocausación», según la cual distintos actores son responsables concurrentes en un daño.
Por otra parte, la cartera educativa también fue responsabilizada por no haber actuado sobre las señales de comportamiento alarmantes que mostraba el menor agresor, detectadas por el Equipo de Orientación Escolar. La defensa basada en la eximente por «caso fortuito» fue rechazada, ya que el episodio pudo evitarse con el control adecuado de ambos lados.
El sistema penal de aquel entonces declaró inimputable al menor por tener solo quince años, por lo que no fue sometido a un proceso penal, sino que estuvo bajo regímenes de contención institucional. Sin embargo, una reciente ley que reformó la justicia penal juvenil habría cambiando el enfoque frente a un caso de esta naturaleza, modificando los criterios de punibilidad para adolescentes en situaciones complejas.
Este cierre judicial llega cuando muchas víctimas y sus familiares, entre ellos algunos ya fallecidos, esperaron largamente respuestas y reparaciones. La demora en la resolución judicial ha sido criticada por revictimizar a quienes sufrieron una tragedia que aún impacta en la sociedad local y nacional.