Una protesta convocada por cooperativistas y organizaciones sociales frente al Palacio Municipal de La Plata derivó en incidentes violentos que dejaron 19 personas detenidas. La manifestación tuvo como eje central el rechazo a la decisión del gobierno local de modificar el sistema de contratación de servicios de mantenimiento urbano, lo que pone en duda la continuidad laboral de cientos de trabajadores vinculados a cooperativas.
El conflicto se desencadenó tras el anuncio del Municipio de dejar de contratar directamente a las cooperativas para tareas como limpieza de zanjas, corte de césped y mantenimiento de espacios públicos, y en cambio avanzar con una licitación pública. Desde el Ejecutivo, justificaron esta medida en base a observaciones del Tribunal de Cuentas bonaerense y la necesidad de adecuar la contratación a la Ley Orgánica de las Municipalidades, ya que el sistema actual se implementaba desde 2011.
Las organizaciones movilizadas, incluyendo el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), advirtieron que el nuevo esquema genera incertidumbre para más de 800 familias que dependen de este trabajo en diferentes barrios de la ciudad. Durante la protesta, algunos manifestantes provocaron roturas de vidrios en el edificio municipal, arrojaron objetos y quemaron neumáticos en el acceso, lo que motivó un operativo policial para repeler los disturbios.
Como resultado, se informó la aprehensión de 22 personas, de las cuales 19 fueron detenidas formalmente y alojadas en distintas dependencias. El Municipio presentó una denuncia penal por los daños ocasionados en puertas, vidrios y otras áreas del Palacio.
Por su parte, las organizaciones denunciaron que las detenciones fueron arbitrarias y que la Policía Bonaerense actuó cuando la movilización ya finalizaba. Además, sostuvieron que algunas personas fueron detenidas en lugares alejados del centro de la protesta y que algunas no participaron en los incidentes.
En respuesta a la situación, la Comisión Provincial por la Memoria, que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó un hábeas corpus colectivo para proteger los derechos de los cooperativistas detenidos. Este organismo realizó entrevistas en la Comisaría Primera e instó a investigar la legalidad del accionar policial durante el operativo.